Un nuevo mundo inversor se abre para las Mipymes

Un nuevo mundo inversor se abre para las Mipymes

Escribe Ricardo H. Ferraro para Reporte Tributario – Nuevo Diario, Sgo. del Estero.

En medio de turbulencias económicas  y también políticas, si se suma el proyecto de la oposición para retrotraer los aumentos de las tarifas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto denominado Financiamiento Productivo, receptando las modificaciones que introdujo el Senado.

Si bien el mismo apunta a mejorar el financiamiento de los sectores medios empresarios la Ley 27.440 lleva explícitas y profundas reformas al Mercado de Capitales que van desde su funcionamiento hasta las autoridades que conducen la gestión.

Vale recordar que en varias oportunidades en los últimos 70 años las distintas administraciones gubernamentales intentaron fomentar la colocación en el mercado de capitales, incluso en alguna ocasión se permitía la desgravación del Impuesto a las Ganancias de las sumas invertidas en acciones que cotizarán en Bolsa.

Luego los contextos económicos que le dieron los mismos que creaban el incentivo, particularmente inflacionario,  diluyeron estas medidas que en un entorno de economías medianamente estables hubieran funcionado y permanecido. A esto hay que agregarle que el número de empresas cotizantes eran muy pocas, un mundo muy reducido y que nunca, como con esta ley, se pensó en las pymes.

Acaso ahora que el mercado de inversión crecerá como consecuencia de la incorporación de un sector empresario distinto al de las grandes, acaso sea un incentivo a la inversión que pueda revisarse.

Pero volviendo al proyecto, ahora ley, el apoyo fue considerable, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Financiamiento Productivo con 158 votos a favor, 70 en contra y 4 abstenciones.

A propósito del dictamen de comisión, en su exposición como miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo (Pro), resaltó que el proyecto llegaba “con un consenso casi unánime”. Y agregó que las Pymes “generan el 70 por ciento del empleo en el país” pero “nunca tienen posibilidad de acceder al financiamiento en el mediano y menos en el largo plazo”. Más aún, “sólo el 4 por ciento de las PyMEs acceden al mercado formal de capitales”.

Así las cosas, pese a  que la mayor parte de sus más de 200 artículos se concentran en reformas a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el objetivo de incrementar y fortalecer el financiamiento de las MiPymes (Micros, Pequeñas y Medianas Empresas),  toca otros tópicos creando nuevos instrumentos e incluso tomando puntuales medidas tributarias.

Incorpora las letras hipotecarias, crea la factura de crédito electrónica MiPymes de aceptación obligatoria por parte de las grandes empresas a los 30 días de emitida – como si fuera un cheque- y se abre la puerta para la instrumentación del cheque electrónico. Asimismo las Pymes tendrán acceso más fácil a la emisión de Obligaciones Negociables, se reforzará el carácter de valor negociable del pagaré y se establece la “securitización” de los créditos hipotecarios.

Por otra parte, elimina la facultad que desde el año 2013 tenía la CNV de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas, una cuestión sumamente criticada en su momento  por el sector porque le restaba autonomía a las decisiones empresarias dependiendo de si la mirada oficial la entendía o no potable.

También en torno a la Comisión, la Ley estipula que el presidente de la misma deberá ser designado con el procedimiento que establece el artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central. Cabe recordar que el proyecto aprobado en Diputados, disponía que el funcionario quedaba confirmado si el Senado no se expedía después de 60 días de elevado el nombre del candidato por parte del Gobierno.

A los fines de no ir contracorriente respecto de la Reforma Tributaria –Ley 27.430 – y complementarse es de destacar lo dispuesto respecto de la compraventa de acciones y su tratamiento en el Impuesto a las Ganancias, para determinados sujetos.

En efecto, el Artículo 205 de la Ley de Financiamiento dispone textualmente:

“En pos de transparentar el tratamiento impositivo vigente, los fideicomisos y los fondos comunes de inversión a que aluden los apartados 6 y 7 del inciso a) del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias tributarán el impuesto a las ganancias en la medida en que los certificados de participación y/o títulos de deuda o las cuotapartes que emitieran no hubieren sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores. De existir tal colocación tributarán sólo en la proporción a las inversiones no realizadas en la República Argentina.”

“Cuando los fideicomisos y fondos comunes de inversión a que alude el párrafo anterior no deban tributar el impuesto, el inversor perceptor de las ganancias que aquellos distribuyan deberá incorporar dichas ganancias en su propia declaración jurada, siendo de aplicación las normas generales de la ley para el tipo de ganancia que se trate, de no haber mediado tal vehículo. Cuando se trate de beneficiarios del exterior, el fiduciario o la sociedad gerente, según corresponda, procederán a efectuar la retención a que se refiere el capítulo II del título IV o el título V de la ley, según corresponda, en la medida de las ganancias distribuidas por el fideicomiso o fondo común de inversión, respectivamente, que resulten gravadas para dichos beneficiarios.”

“El tratamiento aquí previsto comenzará a regir respecto de las utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018”

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, al defender el entonces proyecto ante los senadores explicó: “Las comparaciones que hacemos son regionales. Argentina está última en el valor de las empresas que cotizan en el mercado de capitales” y señaló en cuanto a volumen transado, “estamos en el 1por ciento es apenas una fracción”, mientras que “en Brasil es 32%”.

Con relación a las pymes aseveró que existen más de 600 mil; más del 50% de las pymes industriales operan con recursos propios y menos del 1% acceden al mercado de capitales. “Eso hay que multiplicarlo varias veces”, expresó Ayerra.

Resaltó que la emisión de bonos corporativos, refiriéndose a las Obligaciones Negociables, como la forma en que una empresa se endeuda en el largo plazo.

Residencia tributaria y cancelación de inscripción

Se reemplazó la RG 1621, a través de la Resolución General 4236 actualizando el concepto de residente tributario a los efectos del Impuesto a las Ganancias, que incide en otros gravámenes, para la aplicación del Título IX, que regula las ganancias de fuente extranjera obtenidas por residentes en el país y que en su Capítulo I conceptualiza la condición de residencia, con vigencia desde el 8/05/18.

La nueva norma dispone que la condición de residente tributario permanente en el territorio argentino se determinara, en todos los casos, de conformidad con lo regulado por la norma legal.

Con relación a la pérdida de la condición de residente del país, establecida en el art. 120 de la ley, se estipula que al momento de solicitar la cancelación de la inscripción en el impuesto, el contribuyente deberá acompañar el certificado de residencia permanente, emitido por la autoridad competente del Estado extranjero de que se trate, o  el pasaporte, certificación consular u otro documento fehaciente que pruebe la salida y permanencia fuera del país por el lapso previsto en dicho artículo.

Hasta  que las personas humanas obtengan la respectiva cancelación deberán continuar cumpliendo con la totalidad de las obligaciones fiscales correspondientes,  formales y materiales.

En el supuesto de doble residencia, normada en el art. 125 de la norma legal, deberá considerarse la existencia de un convenio para evitar la doble imposición internacional o, de lo contrario, se atenderá a lo regulado en el artículo citado, reglamentando la RG qué debe considerarse por vivienda permanente y centro de intereses vitales.

Como consecuencia de haberse modificado los requisitos para considerarse residente del exterior, se adecuaron las pautas para solicitar la cancelación de inscripción ante la AFIP por  pérdida de la condición de residentes en el país y/o por dejar de tener domicilio en el país, reformulando el art. 5º y 6º de la RG 2322, por Resolución General 4237, con vigencia desde el 8/05/18.

El artículo 5º se refiere a la formalización para solicitar la cancelación accediendo al servicio “Sistema Registral”, opción “Registro Tributario/F420/T Baja de Impuestos/Regímenes”, disponible en el sitio “web” del organismo.

Por su parte el artículo 6º se relaciona con la documentación a presentar para justificar la baja por pérdida de carácter de residente del país.



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